El Ayuntamiento de Tacoronte ha activado un trámite de audiencia para que las once familias afectadas por el inminente desalojo de las viviendas de emergencia social puedan presentar alegaciones y obtener una solución pactada y acorde a sus circunstancias económicas y sociales.
El concejal de Servicios Sociales, José Caro, afirma que “antes de iniciar los trámites de desahucio de estas personas se han abierto varios canales de comunicación con ellas, con el objetivo de valorar la situación que atraviesan en la actualidad y, en caso de no contar con los recursos mínimos para mudarse a otra vivienda, ayudarles con medidas personalizadas y en base a la legalidad vigente”.
Según relata el también segundo teniente de alcalde, «durante el mandato pasado 2019/2023 ya se firmó una providencia de inicio para comenzar los trámites de desahucio de los afectados, dado que todos incumplían el periodo máximo de ocupación de las viviendas de emergencia social, fijado en tres meses, con una única prórroga posible de otros tres meses más”. Caro recuerda que alguna de estas familias lleva viviendo en pisos de emergencia social del Ayuntamiento, de forma irregular, desde hace nueve años, “una realidad que incumple de lleno la ordenanza que regula el uso de estas residencias, aprobada en 2012, y que se ha estado ignorando de manera sorprendente, a pesar de las advertencias reiteradas del servicio jurídico y de coordinación del departamento de Servicios Sociales”, apunta.
Entre las soluciones que se barajan para garantizar el acceso a una vivienda temporal a aquellas familias que aún no puedan gestionarla con sus propios medios, está el incremento de la subvención nominativa que cada año entrega el ayuntamiento a la ONG Sonrisas Canarias. Para 2024, la partida destinada a este concepto se verá incrementada en 10.000 euros, alcanzando los 40.000 euros para, entre otras acciones, facilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, siempre de forma coordinada con las trabajadoras sociales de la Administración local.
La alta demanda de viviendas de emergencia social, unida al incumplimiento reiterado de los plazos vinculados a la ocupación de los pisos públicos existentes en la ciudad, ha hecho que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra para regularizar una situación que se ha mantenido siempre en un segundo plano, «beneficiando fuera de toda lógica a un reducido número de vecinos frente a una amplia mayoría, también con serios problemas económicos, sociales y de salud”, subraya Jose Caro.
Los once titulares adultos afectados por el expediente en curso residen actualmente en cuatro viviendas, ubicadas en el barrio de San Juan Perales y en la calle Vereda Fiscal. Servicios Sociales ya se puesto en contacto con todos ellos para que se registren como demandantes de vivienda pública del Gobierno de Canarias. Se espera que en los próximos días se puedan realizar las correspondientes reuniones para valorar la situación actual de cada familia y las vías de solución para cada una de ellas.
